Panorama de la contratación pública en Costa Rica: qué esperar en 2026

Desde la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública el 1.º de diciembre de 2022, toda la actividad contractual del Estado costarricense se tramita en el sistema digital unificado operado bajo la denominación SICOP. Para un proveedor internacional esto tiene dos consecuencias que conviene entender antes de cualquier otra consideración estratégica.

La primera es de acceso a la información: la publicación de pliegos, las consultas, las ofertas, las adjudicaciones y los recursos quedan registrados en un expediente electrónico consultable. El historial de compras de una institución es material de análisis disponible, no información privilegiada.

La segunda es de forma: no existe canal paralelo. Lo que no consta en el expediente electrónico no produce efectos. Esta regla, que parece administrativa, es en realidad la que más ofertas descarta.

Dónde se concentra la inversión: El Instituto Costarricense de Electricidad y las empresas del sector operan una matriz que alcanzó 98,6% de generación renovable en 2025. La Caja Costarricense de Seguro Social destinó ₡228 mil millones a la compra de medicamentos durante 2026, con ahorros acumulados de 117,2 millones de dólares entre 2021 y 2025. El AyA ejecuta un programa de saneamiento financiado por el BCIE por 565 millones de dólares. El Gobierno mantiene dos proyectos de infraestructura: la ampliación del corredor San José–San Ramón (600 millones de dólares) y el sistema de tren rápido para la Gran Área Metropolitana (800 millones de dólares).

La Contraloría General de la República actualiza cada diciembre los umbrales que determinan el procedimiento aplicable. La resolución R-DC-00142-2025 del 10 de diciembre de 2025 fijó los valores vigentes durante 2026: licitación mayor en bienes y servicios a partir de ₡258.239.178, licitación menor entre ₡64.559.795 y ₡258.239.178, y licitación reducida por debajo de ₡64.559.795. Para obras los umbrales son proporcionalmente más altos, con licitación mayor a partir de ₡695.259.109.

Corren dos calendarios en paralelo: el fiscal, donde los presupuestos ordinarios se aprueban a fin de año y los procedimientos de mayor cuantía se publican en los primeros meses del ejercicio, y el de la banca multilateral, donde los proyectos financiados por organismos de desarrollo siguen el ritmo de los desembolsos y las no objeciones, no el del año fiscal costarricense.

Para quien evalúa el mercado por primera vez, la recomendación es acotada: elegir dos o tres instituciones objetivo, descargar sus procedimientos declarados infructuosos de los últimos tres ejercicios y entender por qué quedaron sin adjudicar. Un procedimiento infructuoso indica que la institución tenía presupuesto, publicó el pliego y no encontró oferta admisible. Esa es la señal más útil sobre qué le falta a la oferta disponible localmente.